Comunicat de Javier Araúz sobre la reunió amb el Comisari d'Ocupació Schmit 25-11 i denúncia a la Comissió Europea 📝⚖ 🇪🇺

Contundent comunicat del despatx Araúz arran de la reunió, en unió amb representants de la Plataforma Nacional d'Interins, amb el Comissari d'Ocupació de la UE, Sr. Nicolas Schmit. Analitza la situació en que quedarà el personal interí si s'aprova la llei Icetazo amb les darreres esmenes; deixa clar que no es compleix amb la Directiva 1999/70 i las jurisprudència del TJUE; que la única solució que sí ho fa és la fixesa i, en conseqüència, han denunciat la situació davant la Comissió Europea, per tal que no se'n faci entrega dels fons de recuperació.

 

 En Madrid a 26 de noviembre de 2021

En la tarde de ayer, jueves 25 de noviembre, la Plataforma Nacional de Interinos, asistida por Araúz, se reunió con el Comisario de Empleo de la UE, el Sr. Schmit, y cuatro altos cargos de su Comisaría, para denunciar la situación del empleo en el Sector Público en nuestro país, y los incumplimientos por parte del Reino de España, en general, y del Proyecto de Ley que se está tramitando en las Cortes, en particular, de la Directiva 1999/70/CE, y de la doctrina del TJUE recaída en su aplicación.

El Sr. Comisario confirmó:

1. Que España tiene obligación de cumplir la Normativa comunitaria, y la Comisión Europea velará porque tal cumplimiento se produzca.

2. Que, en su opinión, para cumplir la Directiva, España no tiene otra opción que la de regularizar a todos los empleados públicos temporales que se encuentren en una situación de abuso incompatible con la Directiva 1999/70/CE.

3. Que estos empleados públicos temporales han desarrollado un trabajo impecable, porque, si no hubiera sido así, no se les habría renovado, ni mantenido en sus puestos de trabajo, ya que, si él tuviera una empresa, no mantendría a los trabajadores temporales que no rindieran.

4. Que, si no se regulariza a todos los empleados públicos temporales víctimas de un abuso, habría que indemnizarlos, pues es claro que el proceso selectivo —sea una oposición, sea un concurso de méritos—, no es una medida sancionadora; y, si se les indemniza, España estaría incumpliendo el Plan de Recuperación y Resiliencia porque, en él, se comprometió a que estas reformas se iban a realizar sin coste presupuestario, ni ayudas del Estado.

Queremos informar que esta reunión con el Comisario fue precedida de dos actuaciones anteriores:

a) Una de ellas, la reunión mantenida en Bruselas por la misma Coordinadora y mismo Letrado, el pasado jueves 18 de noviembre, con 4 funcionarios de la Comisión: 3 de ellos de la Comisaría de Empleo y, el 4º, otro de Fondos Europeos, con una duración de 3 horas en la que, con soporte documental y datos objetivos, se les explicó la situación real de los empleados públicos temporales en España y que la única solución posible, si se quería dar cumplimiento a la Directiva y a la doctrina del TJUE, era la regularización o estabilización de todo este personal, ya que, habiendo declarado el TJUE que ningún proceso selectivo es una medida sancionadora que cumpla con los requisitos de la Directiva 1999/70/CE, si no va acompañado de otras sanciones efectivas, equivalentes, proporcionadas y disuasorias, habría que indemnizar a las víctimas de los abusos tal y como establecía el RDL 14/2021 y prevé el nuevo Proyecto de Ley, en cuyo caso, España estaría incumpliendo de forma radical los compromisos que asumía en el componente 11 del Plan de Recuperación y Resiliencia, en que se obligaba a que la reforma para reducir la temporalidad en el Sector Público se iba a realizar a coste cero, sin asignación presupuestaria ni ayudas del Estado. Y por ello concluíamos, que la Comisión Europea no podría aprobar la transferencia de fondos siendo consciente de que los compromisos asumidos por España en su Plan de Recuperación no iban a ser cumplidos.

b) La otra actuación, consistió en un escrito de denuncia remitido a todas las Autoridades de la Comisión Europea, el lunes día 22 de noviembre, en el que al amparo de la Directiva 2017/1371, del Parlamento Europeo y el Consejo , de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, se ponía formalmente de manifiesto los hechos anteriormente descritos, indicando que el RDL 14/16 y el Proyecto de Ley que se está tramitando en las Cortes Generales, incumplían tanto la Directiva 1999/70/CE, como el Componente 11 del Plan de Recuperación y Resiliencia de España: • La Directiva 1999/70/CE, porque este RDL y este Proyecto de Ley fijaban como sanción la convocatoria de procesos selectivos en forma de concursos-oposiciones y de concursos de méritos abiertos, en los que pueden participar quienes no son víctimas de un abuso y que, como dice el TJUE en su Auto de 2 de junio de 2021, no garantizan a las víctimas de un abuso adquirir la condición de empleado público fijo. Y, además, esta norma y este proyecto también infringen el principio de equivalencia, por cuanto que aplicando el Derecho interno, el art 87.5 Ley 40/2015 de 1 de octubre, en su relación dada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, permite que los trabajadores privados de empresas que se integran en el Sector Público, desarrollaran las funciones de los funcionarios públicos, con la condición a extinguir y, sin embargo, los trabajadores públicos seleccionados conforme a las normas de Derecho público, que trabajan en Administraciones Públicas, aplicando el Derecho de la Unión, no se les reconocía el mismo Derecho.

• El Plan de Recuperación y Resiliencia porque, en su componente 11, el Reino de España se comprometía a aplicar reformas para “reducir la temporalidad” y “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos”, y a hacerlo, además, sin coste económico alguno, pues en el plan se indicaba que esta reforma no tenía asignación en el presupuesto ni conllevaba ayudas del Estado.

Al articular el Proyecto de Ley procesos abiertos, que no garantizan la regularización o estabilización de todo el personal público víctima de un abuso; y al establecer el RDL y el Proyecto de Ley la obligación de indemnizar a quienes no superen estos procesos selectivos, se incumple el Plan de Resiliencia, porque esta reforma encaminada a reducir la temporalidad no se va a realizar sin coste alguno, sino que antes al contrario, necesitará asignaciones presupuestarias y/o ayudas del Estado.

Por todo ello, en esta denuncia, se interesaba a la Comisión Europea que, al objeto de garantizar los intereses financieros de la Unión:

Primero.- Requiera al Reino de España a fin de que adapte el Proyecto de Ley a la Normativa comunitaria, en particular a la Directiva 1999/70/CE y a la doctrina del TJUE, y también a los compromisos asumidos con la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Segundo.- Que, mientras esté en vigor el RDL 14/2021, se acuerde por las Autoridades europeas paralizar el desembolso de todos los fondos vinculados al Plan de Resiliencia hasta que el RDL 14/2021 no sea reformado.

Tercero.- Que, igualmente, se paralice o suspenda el desembolso efectivo de fondos europeos vinculados a dicho Plan hasta que, por el Reino de España se garantice que la reforma legislativa en tramitación y, por tanto, el Proyecto de Ley que se halla en las Cortes Generales, se ajusta a la Directiva 1999/70/CE y que, su aplicación, no va a conllevar incremento del gasto público, cumpliendo el reino de España con el compromiso asumido en su Plan de Resiliencia.

En Madrid a 26 de noviembre de 2021

Javier Arauz

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